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Suben pagos de servicio doméstico y monotributo
Economía
El aporte será de $ 233 desde septiembre, 60% más
A partir de septiembre, los monotributistas deberán hacer un aporte mensual para la obra social bastante más alto que el actual. La AFIP resolvió aplicar una suba del aporte de $ 146 a $ 233 (60 por ciento). No hay modificaciones, en cambio, en los montos que se abonan para el régimen jubilatorio ($ 157) y para saldar la obligación impositiva (la suma aquí depende de la facturación). Así, en la categoría más baja, que incluye a quienes facturan hasta $ 48.000 anuales, el pago mensual total se eleva de $ 342 a $ 429.
La resolución 3653 del organismo recaudador, publicada ayer en el Boletín Oficial, dispone también un aumento del aporte para la obra social en el sistema del personal de servicio doméstico. En este caso, la cifra se eleva de $ 100 a $ 233, es decir, un 133 por ciento. Así, la obligación de pago mensual en el caso de personal que trabaja 16 horas a la semana o más aumenta desde septiembre (la obligación vence en el mes de octubre) de $ 135 a $ 268. La diferencia entre esta última cifra y los $ 233 es la contribución que se destina al sistema jubilatorio, que queda sin modificaciones.
Si la persona trabaja en una casa menos de 16 horas semanales, el régimen permite un pago mensual inferior por aportes y contribuciones. Pero esos pagos parciales -
LA SEMANA EN POCAS PALABRAS
iNFORME 295
Finalmente, tras las fallidas negociaciones contra reloj entre los bancos nacionales y extranjeros con los fondos litigantes para evitar un nuevo default, la Argentina volvió a incumplir sus compromisos por tercera vez en los últimos 30 años (1989, 2001 y 2014). Aunque la situación no es la misma que en episodios anteriores, en los que el default fue un resultado inevitable ante problemas de solvencia, en esta oportunidad se arribó a una situación similar luego de dilatar excesivamente una solución en el litigio con los “holdouts”, poniendo en riesgo los pagos del resto de la deuda.
El camino que comenzó a transitarse tras no poder destrabarse los pagos por USD 539 millones de los bonos Discount bajo legislación extranjera, cuyo plazo vencía el 30 de julio, fue el esperado. Las calificadoras de riesgo declararon un default selectivo de la deuda, cayeron las cotizaciones de títulos públicos y acciones, se renovaron las presiones cambiarias (tocando el dólar “blue” los $13), y se activaron seguros contra el default (CDS) de la deuda soberana por USD 1.000 millones.Si bien de momento las variables financieras experimentaron una esperable corrección, no mostraron un verdadero derrumbe, ante la posibilidad latente de un acuerdo entre privados que derive en una compra de los títulos en poder de los fondos litigantes por parte de un grupo de bancos. Cuanto más tiempo se mantenga viva la llama de un posible acuerdo, menor el deterioro de las variables financieras en el corto plazo, aunque las declaraciones de las más altas autoridades argentinas atentan contra una salida de este tipo. Los efectos del default sobre la macro son conocidos. Sin acceso a los mercados internacionales de crédito, las medidas de impulso del gasto público anunciadas tras el ingreso en cesación de pagos deberán ser financiadas vía una mayor emisión de pesos, lo cual (en un contexto de incertidumbre) presionará sobre la demanda de dólares y las reservas del Banco Central, que se verá obligado a deslizar más agresivamente el tipo de cambio oficial, tras quebrar la barrera de los $8,2 por dólar. La inflación, que había logrado estacionarse algo por encima del 2% mensual, a fuerza de un creciente retraso cambiario, volverá a acelerarse, profundizando la caída de los salarios reales y del consumo, el cual ya venía mostrado claras señales de enfriamiento (en junio, las ventas en supermercados y shoppings registraron su mayor caída desde la crisis del año 2002, con bajas del 5,5% y 14% anual, respectivamente). Con una economía en recesión, los problemas ya observados en el mercado de trabajo también tenderán a agravarse. Cuanto mayor sea la duración y alcance de la cesación de pagos (fruto de una potencial aceleración de los títulos en default y su traslado al resto de la deuda), mayor la intensidad de los impactos. Tal vez la buena noticia es que, en esta oportunidad, el default encuentra al sistema financiero sólido, tendiendo a ser un amortiguador y no un propagador de la crisis. Los bancos se encuentran con liquidez y capital excedente, con una bajísima exposición al sector público (inferior al 10% de su activo) y cubiertos ante una posible devaluación. El mayor efecto sobre la banca se dará a través de la mora (aunque partiendo de niveles históricamente muy bajos, cercanos al 2% de la cartera) y de la dificultad de mantener el negocio en crecimiento, fruto de la menor demanda de crédito asociada a un menor consumo e inversión.
Paradójicamente, en la medida que los costos de las decisiones tomadas hasta ahora se vuelvan más palpables, mayor será también la probabilidad
de que el gobierno vuelva sobre sus pasos y facilite algún tipo de acuerdo, antes o después de enero, cuando caiga la cláusula RUFO, más allá que
las declaraciones del Ministro de Economía, refrendadas por la Presidenta, apuntan a que el incumplimiento de la sentencia judicial respondió menos a
un temor de vulnerar la mencionada cláusula RUFO que a la verdadera voluntad de reconocer el fallo del juez Griesa. Con todo, la decisión final
sigue estando del lado del gobierno, cuyo tramo final de su mandato dependerá de manera crucial de cómo culmine la interminable saga de la deuda.
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